Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer la tan amable invitación, al Papa Francisco, a Monseñor Sánchez Sorondo, a Gustavo Vera y su organización ‘La Alameda’ y a todos ustedes, por estar aquí, dialogando sobre una problemática que tanto nos preocupa a todos.
Claramente, todos nosotros somos muy diferentes, venimos de distintos lugares, tenemos distintas formaciones. Sin embargo, hay algo que nos une, que nos unifica, que nos identifica: el compromiso. Ello es un buen punto de partida para que nosotros podamos conectarnos, trabajar y aprender unos de otros.
En esta ocasión, no hablaré desde mi rol académico, sino desde mi función como juez federal en Buenos Aires, Argentina. En tal sentido, relataré algunos episodios en los que me tocó actuar y luego haré algunas reflexiones sobre el lavado de dinero.
En primer lugar, quiero compartir que hace unos años, en el marco de un procedimiento por trata laboral donde se detectaron los sitos utilizados como talleres clandestinos y se logró la detención de las personas que regenteaban la organización, se consiguió reconvertir las máquinas de coser secuestradas. En tal sentido, se formó un polo textil y aquellas personas que estaban en servidumbre – o directamente esclavizadas – se les dio obra social, se las incorporó en el sistema de trabajo formal, se les proveyó un seguro y se les permitió formar una cooperativa y empezar a trabajar.
Esto fue posible, porque actuaron tres sectores que normalmente no trabajan juntos. En el caso, la Justicia, la Organización no gubernamental ‘La Alameda’ y el Estado, a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Cabe mencionar que nosotros, los jueces, fuimos formados – por lo menos en mi país – para actuar únicamente en el caso concreto y en la medida del trámite investigativo. Sin embargo, en mi opinión, los jueces podemos hacer un poquito más y ocuparnos, en algunos casos, de la problemática que ha desencadenado la comisión de ese delito y tratar de reparar a las víctimas para evitar que vuelva a ocurrir.
Esta forma de trabajar se replicó unos años después, cuando se iniciaron numerosas investigaciones coordinadas por narcotráfico en el ámbito de la Capital Federal, y se fueron secuestrando automóviles, dinero, inmuebles. Todos esos bienes fueron donados, cedidos, desde el Juzgado y a través del Estado a distintas organizaciones, diferentes grupos, entre ellos, los ‘curas villeros’, es decir, el sector de la Iglesia que está dentro de los barrios más vulnerables.
A mí siempre me gusta decir, porque estos son casos muy conocidos en Buenos Aires, que poco se recuerdan los imputados, los investigados y los condenados por estas causas, pero sí nos acordamos de estos casos por la reparación de las víctimas, más que por los autores. Y creo que ello es porque tienen un valor simbólico, un profundo valor de justicia, precisamente porque muchas de las víctimas, en un caso esclavos y en otros chicos y chicas consumidores, pudieron recuperar su vida, su dignidad.
Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a la narcocriminalidad o crimen organizado, hablamos de delitos complejos. Esto ya se ha dicho y es una característica aceptada. Es un delito que tiene características únicas, y creo que por esto es tan importante la realización de este evento ya que esta Cumbre de Jueces aporta reflexiones, voces y miradas distintas. Por otra parte, todos nosotros después de haber escuchado distintas cuestiones, problemáticas, soluciones e historias humanas que nos han enriquecido, nos vamos con el compromiso de replicar cada una de las opiniones que oímos dentro de los ámbitos de nuestras competencias, de trasladarlo cada uno a nuestros países.
Aquí se ha dicho que el narcotráfico tiene como característica la transnacionalidad y que es un delito que afecta a la salud, que tiene consecuencias sociales, afectaciones al derecho e implicancias económicas, políticas, culturales, entre otros. En síntesis, es multidimensional.
Ahora bien, una de las características particulares, ya que la transnacionalidad no es exclusivamente una característica del narcotráfico, es que se trata de un delito escalonado; y esos eslabones, por la propia naturaleza del delito, están ocultos, están fuera de la visibilidad pública. Esto es, justamente, porque cada uno de estos eslabones constituye delito. Entonces, es un delito desde el mismo comienzo, desde donde se cultiva y hasta el lugar donde finalmente se vende la sustancia prohibida; y toda esa larga cadena de comercialización siempre se maneja subrepticiamente, de manera oculta, disimulada. Es esta oscuridad precisamente su esencia, su propia naturaleza. Es interesante ver que recién la claridad y la luz aparecen en el último eslabón, aparecen en el lavado de dinero, es decir, cuando se cumple el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
Y claro, yo me atrevo a hablar por todos ustedes, todos hemos tenido problemas de dinero, todos trabajamos por un sueldo, tenemos que abonar cuentas, pagar el colegio de nuestros hijos, pagar salud, todos nos vestimos, nos alimentamos, y el dinero ha sido un condicionante en algún momento de nuestras vidas. Esto que es un fenómeno normal, en la vida en sociedad pero que, precisamente, en el caso del narcotráfico, no se cumple. El narcotraficante es alguien cuyo único problema es qué hacer con el dinero, que ingresa en sumas ingentes. Su única dificultad es que no lo puede gastar, no lo puede usar – recordemos que hasta aquí sigue oculto –, lo acumula, y al tratarse de un delito eslabonado y en toda la cadena ilícito, obviamente no resulta posible su bancarización sino que se trata de dinero físico.
Ahora bien, en el lavado de divisas, estas cuestiones que dificultan tanto las investigaciones se invierten, precisamente, porque esta modalidad oculta sale a la superficie al aparecer indicios de bancarización, de formalización de ese dinero, tentativas de incorporación en el sistema formal.
Por otra parte, permítaseme agregar otra característica: también es un delito tramposo, ya que se nos ha hecho creer que los éxitos de las investigaciones se relacionan directamente con la cantidad de kilos secuestrados. De hecho todas las policías del mundo tienen entre sus parámetros estadísticos la cantidad de estupefacientes secuestrados. Y pareciera que más exitosa es una investigación cuanto mayor cantidad de kilos se secuestran, más la historia y nuestra actualidad nos demuestran que este es un camino equivocado, una batalla que está destinada a fracasar.
Siempre me pregunto, cuando hacemos procedimientos y secuestramos ‘X’ cantidad de material estupefaciente, cuántos otros kilos no se secuestran. Siempre son muchos más lo que no se secuestran que los que sí. Entonces, obviamente sin abandonar los parámetros del secuestro de material, me parece que debemos ampliar el paradigma y profundizar nuestra tarea contra el lavado de activos. Por eso si nosotros juntamos el ocultamiento y la visibilidad, y pensamos el narcotráfico como un negocio – de objeto ilícito pero negocio al fin –, podemos encontrar un nuevo punto de partida.
Ya dijimos que el lavado es el último eslabón, pero esto no implica que haya que investigar primero el tráfico y después el lavado. Nosotros en la Argentina tenemos una Ley de Estupefacientes y una Ley de Lavado. Esta separación jurídica incluso conlleva a una separación judicial, a que no exista una investigación única o unificada cuando en verdad se trata del mismo delito. Nosotros tenemos aquí un quiebre entre la cantidad de causas de investigación por estupefacientes y las causas por lavado. Son muchísimas más las causas en las que se investiga el tráfico de drogas que su correlato por causas de lavado. Y esto es precisamente la cuestión que a mí me parece que hay que remarcar. Por ello, todas las investigaciones de tráfico, cuando se investigan organizaciones, deben necesariamente conllevar una investigación de lavado. Esto resulta posible con una reforma legislativa y con un cambio cultural de todos los jueces, ya que nosotros no estamos pensando la problemática del tráfico de estupefacientes y el lavado en forma unificada, se estudia e investiga en forma separada, sesgada. Tan es así, que como ya se dijo aquí, en la Argentina, para investigar lavado, se necesita un delito precedente; entonces primero se hace una investigación de tráfico de estupefacientes y una vez culminada esa investigación, incluso llevada a juicio, recién quizá se inicia una causa de lavado.
Obviamente, el delito ya produjo beneficios cuando llegan los investigadores. Indudablemente, esto es posible pensando en el Estado como uno solo. Creo que esto es únicamente posible a través del trabajo coordinado del Estado. El Poder judicial no debe ser pensado como una isla dentro del Estado en su rol específico, sino que en este punto el Estado debe trabajar junto con los Bancos Centrales, las Oficinas de Investigaciones Financieras, las Oficinas de Investigaciones Patrimoniales, etcétera; estableciendo criterios de actuación y de competencia.
En este sentido, es indispensable, y en nuestro país se está empezando a hacer, el establecimiento de protocolos. Esto permitirá que cada institución, cada organismo que se tiene que ocupar de esta problemática, tenga exactamente delimitado su ámbito de su investigación para evitar que haya dispersión o superposición.
Para finalizar, quiero destacar que en esta actividad académico-judicial que se está llevando adelante, encontré en todas las exposiciones preocupación, compromiso, conocimiento, coordinación, intercambio, pensamiento crítico; y creo que este es el valor que tiene esta Cumbre, que permitirá, estoy seguro de ello, mejorar el trabajo de justicia que nuestros ciudadanos se merecen.