En la última década, hemos sido testigos de un avance mundial sin precedentes respecto del fenómeno de la criminalidad organizada, al punto de que los límites geográficos han dejado de funcionar como barrera protectora de la propagación de su accionar ilícito y sus efectos nocivos.
Los Estados han fracasado en sus intentos por combatirlo mediante políticas públicas represivas que hicieron foco en las actividades que la delincuencia organizada realiza puntualmente, dejando de lado las estructuras y organizaciones complejas que se encuentran incólumes por detrás.
Mutables, erráticas, violentas, con altos niveles de sofisticación y fuerte especialización, gran volumen de negocios, flujo de dinero e importantes márgenes de rentabilidad, de tipo empresarial, capaces de penetrar en las esferas estatales, son algunos de los rasgos que sus estructuras asociativas presentan, sumado una marcada orientación trasnacional.
La experiencia ha demostrado lo infructuoso de encarar el avance de la criminalidad organizada como un aspecto intra-fronteras, ya que estas organizaciones no presentan los límites institucionales o formales característicos de los Estados, donde su estructura flexible les permite adaptar y renovar su modus operandi antes de que los organismos estatales puedan adoptar políticas preventivas que les causen algún impacto.
Las fronteras les representan solo un obstáculo más que sortear, en un contexto donde los pasos fronterizos son permeables a la intervención externa, logrando en los casos de mayor gravedad institucional mediante la influencia del poder económico o político crear zonas liberadas o en otros simplemente, aprovechándose de la escases de controles.
¿Hasta qué punto se encuentra bajo amenaza el funcionamiento democrático? Ésta pregunta adquiere particular relevancia en aquellas regiones donde la criminalidad organizada se ha constituido prácticamente en un poder para-estatal, compartiendo – o al menos compitiendo – con el Estado y el control social que ejerce, o en otros casos al menos han condicionado efectivamente el accionar de las instituciones públicas.
El panorama descripto reclama la adopción de políticas públicas orientadas en una nueva dirección, que deberán abordar el conflicto de la criminalidad organizada partiendo de una premisa que reconozca que en el plano internacional las responsabilidades son compartidas y, en función de ello, proyectar programas integrales de actuación conjunta.
El carácter transnacional de estas organizaciones ha alcanzado mayor extensión en aquellas destinadas al tráfico ilícito de estupefacientes, ya que suelen contar con una logística inter-regional para el desarrollo de su cadena de comercialización, comprensiva de la producción de la materia prima, la elaboración del producto, el transporte de las sustancias ilegales, su acopio y distribución hasta la etapa final de comercio y venta, valiéndose de las características favorables de cada región para la optimización y rentabilidad en todos sus estratos, desplazándose en definitiva en búsqueda de los centros de consumo.
Necesariamente debo dedicar unas palabras respecto de una causa reciente en la que tuve la oportunidad de intervenir, cuya magnitud ha generado un gran impacto social y nos servirá para analizar los alcances de las operaciones transnacionales de estas organizaciones y hasta qué punto se encuentran comprometidos nuestros organismos de seguridad y control, para luego ver en concreto la organización, funcionamiento y la sofisticación de una red de narcotráfico que importó grandes cantidades de cocaína desde nuestro país hasta Portugal y España.
Estamos hablando de la causa mediáticamente conocida como “Carbón Blanco”, quizás la operación de narcotráfico más grande de la historia argentina, en la que la banda del caso logró pasar camuflados en distintos envíos marítimos – al menos lo que se pudo secuestrar – más de 1 tonelada y media – de máxima pureza a Portugal, presuntamente para distribuirse además en España y el resto del mercado europeo, donde se estima que cada kilo está valuado en 45 mil Euros. Sospechándose además que hace más de 10 años se encontrarían operando.
Es inevitable cuestionarse frente a ello, si es posible llevar a cabo una empresa de tal magnitud sin la anuencia, colaboración o trabajo en conjunto con algún organismo y/o funcionario estatal encargado de los controles realizados en las etapas previas al cargamento y envió de los contenedores donde se encontró la cocaína.
Se impone la respuesta negativa. No creo que exista algún escenario donde ello habría sido posible sin algún importante grado de penetración de esta narco-organización en la institucionalidad aduanera y de las fuerzas de seguridad.
Las consecuencias de la última afirmación son nefastas, la corrupción y el dinero sucio proveniente del negocio de las drogas han avanzado sobre nuestra trasparencia institucional al punto poder condicionar el actuar de ciertos organismos públicos.
Desde la óptica del sistema de justicia, la complejidad que conlleva una investigación semejante, la dificultad comunicativa con los tribunales extranjeros, tanto por la diferencia de idiomas como por la burocracia necesaria para el intercambio de información, ha desbordado los recursos y herramientas disponibles para llevarla adelante, situación que impactó además en el accionar de las fuerzas de seguridad nacionales, todo ello nos lleva cuestionarnos si podremos a futuro hacer frente a casos similares con la infraestructura y organización actuales del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad de la Nacion.
¿Será que sus estructuras orgánicas y funcionales resultan anacrónicas y desactualizadas a la luz de las características actuales de las organizaciones delictivas que se pretende desbaratar?
Resulta curioso resaltar que la investigación a nivel internacional se disparó por un aparente descuido de la banda, ya que la policía de Portugal prácticamente se “tropezó” con 12 kilos de cocaína olvidados en un galpón de Lisboa que usaban para esconder la droga luego de recibido el cargamento. Ese detonante que despertó la curiosidad de los investigadores de las Policías Nacionales de Portugal y España fue lo permitió arribar al descubrimiento de tres contenedores (2 en Lisboa y uno en el puerto de Buenos Aires) donde se secuestraron 1057,65 kilos de cocaína.
Si no se hubiera producido esa aparente “distracción”, ¿Cuantas operaciones se hubieran podido concretar exitosamente hasta que llegue a nuestro conocimiento?. Ésta situación no hace más que demostrar la necesidad de proyectar políticas preventivas de persecución penal inteligente a nivel internacional sobre una base que permita determinar patrones de modalidades delictivas a mayor escala y sus estructuras funcionales, más allá de los hechos que sin mayores dificultades son alcanzados por nuestro sistema penal.
Sin perjuicio de ello, la maniobra realizada por esta organización se llevó a cabo de la siguiente manera:
- Si bien no ha podido determinarse el origen de la cocaína, fácil es advertir que la permeabilidad de nuestros pasos fronterizos limítrofes con los países de Bolivia o Paraguay resulta una puerta de acceso frecuentemente elegida por el narcotráfico, por lo que resulta muy probable que al menos la materia prima proviniera de aquellos países y con ello, el inicio de una cadena de comercialización de estupefacientes de escala global.
- Una vez en el país, la droga era llevada hasta la ciudad de Quitilipi (Provincia del Chaco), donde en sede de una empresa de producción de carbón -con actividad licita a los ojos del Estado- se camuflaba y empacaba la cocaína dentro de bolsas de carbón, que a su vez se enviaban con otras bolsas “limpias” en los contenedores, con la diferencia de que aquellas con cocaína en su interior contaban con una doble costura a fin de agilizar el proceso de descarga una vez llegada a destino.
- Cargados los contenedores, de forma previa a que la mercadería saliera con destino al puerto de Buenos Aires, debía pasar por un control realizado in situ por agentes aduaneros. Con el visto bueno de estos, el contenedor era sellado con un precinto de seguridad que, en caso de pasar por un segundo control más exhaustivo en la aduana de destino, permanece intacto hasta que arriba al puerto final. En el caso, al momento de realizar la requisa en el puerto de Buenos Aires dichos precintos de seguridad fueron encontrados enteros, sin alteración estructural en los contenedores, lo que permitió concluir que el acondicionamiento de la cocaína fue realizado en la empresa chaqueña.
- Concluido ello, los contenedores emprendían un viaje extenso en camiones y semi-remolques hacia el puerto de Buenos Aires, debiendo atravesar numerosos controles de las fuerzas de seguridad locales y nacionales situadas en la ruta transitada.
- Llegado el cargamento al puerto porteño, las exportaciones de carbón deben pasar por un control exhaustivo realizado por el personal aduanero, que se va por lo que se conoce como “canal rojo”, que en definitiva implica que el contenedor pase por un análisis completo de scanner. Los tres contenedores donde se halló la cocaína pasaron este control, sin perjuicio de que las imágenes que resultaron del scanner presentaron irregularidades que fueron advertidas por el operador del aparato, pero no desembocó en mayores averiguaciones acerca del motivo de dicho resultado.
- Desde el otro lado del mundo, arribado el contenedor a Lisboa –Portugal, la organización contaba con la infraestructura necesaria para la descarga del cargamento (separando fácilmente aquellas bolsas con doble costura) y su acopio provisorio en un galpón ubicado en esa ciudad comprado solo a esos efectos, para luego ser introducido en el mercado de Portugal y, presumiblemente, España.
- El último tramo de esta maniobra implica la introducción al mercado financiero de las enormes ganancias obtenidas de la venta de la cocaína. Para ello, se sospecha que la organización realizó complejas operaciones que incluyeron la creación de numerosas empresas fantasmas, inversiones en proyectos de construcción masiva, empresas of-shore y paraísos fiscales - entre otras- a los fines del “blanqueo” del origen de dichos fondos, contexto que determinó que luego de sus condenas por los delitos aquí relatados, se iniciaran procesos judiciales por el delito de lavado de activos, aun en curso.
Luego de una compleja labor investigativa que incluyó la realización de numerosos allanamientos, intervención de comunicaciones, información aportada por la Justicia Portuguesa y Española, pericias técnicas de material secuestrado, declaraciones de testigos, reticencia a colaborar de la Dirección General de Aduanas a nivel nacional, análisis en directo de comunicaciones y el lugar donde sus interlocutores se encontraban al realizarlas al observar las antenas de telefonía celular cercanas a donde se establecieron las comunicaciones, entre otros, se pudo tener una idea más cabal del esquema asociativo de la organización criminal.
Si bien el imaginario colectivo engloba a las organizaciones destinadas al tráfico ilícito de estupefacientes dentro de los comúnmente llamados “Cárteles”, al estilo de países como Méjico o Colombia, no es éste el esquema actual de funcionamiento de las narco-organizaciones, al menos en la región.
Por ello resulta importante describir, al menos brevemente, la logística de la banda bajo examen, que en buena medida responde a la estructura adoptada en la actualidad por organizaciones del país de similares características.
Aquí, el funcionamiento se erigió en base a una red de narcotráfico compuesta por dos células que operaban simultáneamente en los países de Argentina, Portugal y España. Las cabezas de ambas células – con sede en Argentina y España- marcaron un liderazgo operativo claro, con funciones diferenciadas y sin contacto alguno entre los escalafones inferiores de la organización, limitándose las comunicaciones a las establecidas escuetamente entre ambos líderes. Este esquema de “compartimientos estancos e incomunicados” dificultaría en gran medida el ascenso en la cadena responsabilidades en caso de que sus integrantes de rango inferior fueran apresados.
En la práctica, la fungibilidad característica de los eslabones más débiles de la cadena y su frecuente detención, ha impedido a nuestro sistema de justicia tener un enfoque global respecto de la real magnitud de las organizaciones que detrás de ellos se esconden, ocasionando una pérdida de mínimo impacto para el panorama general de la organización, incluso contemplada por parte de sus superiores al momento de diagramar las operaciones.
La conjunción de estas características, sumadas a la proliferación de este tipo de organizaciones y su bajo perfil han complejizado las acciones tendientes a desbaratarlas. Por ello se las ha considerado como parte de un “fenómeno reflexivo”, que supone el atributo y la necesidad de pensarse y repensarse constantemente para evitar estancamientos en sus comportamientos y modalidades, modificando frecuentemente el tipo de organización y forma de camuflaje utilizado.
Los Estados han declarado públicamente la “guerra a las drogas” y ese slogan ha marcado el horizonte de sus políticas públicas para hacerle frente al narcotráfico. Puntualmente, se ha hecho foco en la idea de reducir la oferta de drogas – lo que ocasionaría un aumento de precios-, dejando en un segundo plano la demanda – por lo que disminuiría el consumo-.
El fracaso de este modelo ha sido rotundo, se ha agravado la violencia que circunda al narcotráfico y la estigmatización y castigo de quienes consumen, las bandas han aumentado significativamente su poder cooptando ciertos estratos del poder, tanto como han ganado legitimidad en los barrios, siendo sus principales afectados quienes pertenecen a sectores económicamente más vulnerables de la población.
Con este objetivo como estandarte, se ha pretendido erradicar cultivos ilícitos – lo que ha ocasionado su proliferación y desplazamiento constante-, descabezar los líderes de las organizaciones – dando lugar al surgimiento de nuevos cabecillas-, otros han usado la extradición con la idea de que ello quizás frenaría ésta ola cada vez mayor, e incluso se ha llegado a “militarizar” esta guerra contra las drogas, idea que no nos resulta tan ajena ya que ha sido parte de la plataforma de campaña de algunos candidatos en las últimas elecciones presidenciales argentinas.
Frente a ello, la lucha contra el narcotráfico debe ser abordada con nuevos ojos, en un contexto donde el fracaso del modelo anterior permita el surgimiento de propuestas alternativas.
En primer lugar, si se pretende que nuestras políticas de persecución penal causen algún impacto en la estructura de las organizaciones criminales, no deben concentrarse nuestros recursos en atacar los sectores más vulnerables de la cadena, sino que al factor “criminal” debemos añadir el elemento “empresarial” que motiva a estas organizaciones, ya que en definitiva éstas son empresas económicas de carácter delictivo y por ello, un avance significativo importaría la incorporación de medidas eficaces para el recupero de activos.
Las nuevas perspectivas a proyectar deben estar orientadas en perseguir las ganancias descomunales que la criminalidad organizada genera, buscando el decomiso de los bienes producto de sus actividades y con ello, ocasionar un impacto que afecte la solidez de sus estructuras principalmente sostenida por los grandes flujos de dinero que generan.
Pero además, esta situación evidencia los problemas de encarar a la criminalidad organizada unidireccionalmente como parte de políticas públicas estrictamente criminales, perdiendo perspectiva global acerca de las distintas dimensiones que lo componen y quienes son los sujetos vulnerados con su accionar.
En este sentido, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009) ha sostenido que los narcóticos ocasionan consecuencias institucionales severas, el desarrollo de poderes paralelos, crecimiento de la corrupción y la criminalización de los conflictos políticos. Como alternativa, ha propuesto que las grandes directrices del nuevo paradigma sean el tratamiento del consumo como una cuestión de salud pública, la reducción de la demanda mediante acciones de información y prevención y la focalización de la represión sobre el crimen organizado en lugar de sobre los consumidores
La lucha contra la criminalidad organizada no es en un fin en sí mismo, ni tampoco un combate autónomo, sino que deben ser batallados los efectos nocivos que su accionar deprende hacia el resto de la sociedad, hacia el vulnerable, adicto o víctima del sistema perverso que impone, en definitiva, lo que se pretende tutelar son las personas y su calidad de vida.
El crimen organizado ha adoptado ribetes de complejidad y sofisticación al punto que debemos repensar el rol del Estado para hacerle frente, poniendo el eje en políticas públicas de intervención de carácter multiagencial, privilegiando la prevención por sobre la reacción.
No todos los eslabones del narcotráfico tienen la misma capacidad nociva, sus alcances se esparcen y afectan con distinta intensidad los bienes objeto de nuestra preocupación. Por ello, la tradicional tendencia de delegar su abordaje a las agencias policiales requiere un tratamiento desde las políticas de salud, educación, sociales, financieras e incluso diplomáticas.
Por último, ésta concepción debe ser el producto del trabajo en conjunto a nivel internacional, ya que un avance aislado en tal sentido tornaría estéril cualquier reforma. El carácter trasnacional del crimen organizado nos obligará a aumentar los niveles de cooperación internacional, en búsqueda de políticas inteligentes de persecución criminal que en un futuro permitan lograr un análisis a gran escala de la forma en que operan éstas redes y establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información más frecuentes y accesibles.