Las sobrevivientes de la trata
La Trata de Personas como uno de los crímenes del espectro de “Crimen Organizado”, si bien señalan las Naciones Unidas está en el Tercer Lugar en materia de producción de divisas para estos grupos criminales, podemos afirmar sin ningún temor a equivocarnos que por su naturaleza es el crimen que más daño provoca en sus víctimas, ataca lo central de nuestra condición humana – “la dignidad del ser humano” – utilizando los medios que sean necesarios para quebrantar y destruir esa condición humana para luego someter a la víctima a todo tipo de vejamen sin que esta se resista. En este crimen atroz el objeto del ilícito y la víctima son la misma persona. La misma y única persona que recibe todo el impacto de este crimen. A diferencia de los crímenes comunes, que igual causan daño, por ejemplo en el Robo de un automotor: el objeto del hecho criminoso es el automotor robado, y la víctima es el dueño del automotor, se puede diferenciar claramente el objeto del crimen de la víctima.
Esta particular característica de la trata de personas hace que necesariamente el principal foco de atención sea la persona afectada por el crimen a quien denominamos “víctima” denominación poco feliz porque se deja a la persona en un sitio estático y de estigmatización del cual es sumamente difícil sacar, atenta esencialmente contra su reinserción social, debiéramos llamarlas personas afectadas por el crimen o directamente sobrevivientes. Si partimos de esta premisa es particularmente necesario que cada país conozca de las particularidades tanto de las personas afectadas como de los modus operandi para establecer un plan de acción a los efectos de su combate y atención a los/as sobrevivientes.
En este breve tiempo quiero hacer notar algunas de las particularidades de las personas afectadas por este crimen en Paraguay. Las víctimas de explotación sexual son en un 100% personas de sexo femenino que comprende a adultas y adolescentes. En la trata laboral el 33% de las afectadas son mujeres y el 67% son de sexo masculino tanto adultos como adolescentes.
Si nos abocamos solo a ver a las personas afectadas por la Explotación Sexual tenemos que solo el 75% de las mismas llega a tener educación escolar básica, un 18% llega al nivel medio de educación, el 2% inició el nivel terciario y hay un 5% sin escolarización. Este el resultado del estudio realizado sobre 83 personas afectadas directamente por la trata con fines de explotación sexual.
Asimismo en este mismo estudio se puede ver que la mayoría proviene de familias en extrema pobreza de miembros numerosos, de 1 a 14 hermanos. Igualmente se puede observar que el 42% de estas son madres solteras.
De esta simple y superficial revisión se puede mínimamente concluir que estas personas antes de caer víctimas de este crimen tan atroz ya tenían conculcados sus derechos humanos de carácter económicos, sociales y culturales de coberturas básicas y de preeminente responsabilidad Estatal.
Con esta visión de quienes son las personas afectadas por este crimen, es absolutamente entendible que tanta inequidad social y falta de oportunidades sean los factores determinantes de vulnerabilidad de las mismas. Quedan absolutamente vulnerables al engaño, a cualquier tipo coacción para ser sometidas a la trata de personas, aprovechando la esperanza de las mismas de encontrar mejores oportunidades en el extranjero.
En nuestra experiencia como órgano azuzador, hacer visible la condición de las personas victimizadas antes de ser atrapadas por estas redes criminales ha servido para que los tribunales de sentencia al momento de realizarse los juicios orales, no conviertan a las mismas en objeto de prueba, solo las escuchan y ya no consideran siquiera interrogarlas por el presunto consentimiento, lo cual constituía una de las principales barreras para logar la condena de los tratantes.
A través de esta modalidad el equipo técnico multidisciplinario que forma parte de la unidad especializada al realizar las evaluaciones psicológicas y sociales incorporan en sus informes la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, según las personas afectadas por este crimen lo cual es valorado por los jueces de sentencia y muchas de esta personas victimizadas ya no necesitan presentarse directamente a juicio evitándose de este modo su revictimización. Otra ventaja de visibilizar la situación anterior de estas sobrevivientes, es la posibilidad de cuantificar el daño sufrido por este crimen y exigir su reparación tanto a las autoridades del país de destino como a los de su país de origen. Permite también al documentar la situación anterior de las sobrevivientes fortalecer la investigación de los países de destino acreditando el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad por parte de las redes criminales.
A partir de esta práctica hemos logrado sentencias condenatorias muy importantes sin que las sobrevivientes tengan que comparecer en juicio e incluso en aquellos casos en los que las mismas declaran por distintas razones a favor de sus tratantes.
Por la brevedad del tiempo otorgado, debemos concluir que debemos abandonar esa práctica de evaluar nuestro desempeño país contra la trata a partir de las estadísticas, cuantas sentencias condenatorias, cuántas víctimas rescatadas, etc. Esto no traduce la realidad de un verdadero acceso a la justicia por parte de las sobrevivientes, la restitución de derecho es la vara de medición del acceso a la Justicia, no debemos perder la perspectiva de que estamos tratando con seres humanos y no con simples datos estadísticos. No es posible aceptar como exitosas prácticas que nos dan resultados de 100 condenas y 300 víctimas rescatadas, cuando las sobrevivientes simplemente son devueltas a la situación anterior a la captación por estas redes criminales, es decir al momento en que sus derechos esenciales estaban ya violados. No es posible que autoridades, de uno o más estados (gobiernos) pasen por ellas y luego queden en la misma situación en la que fueron captadas o peor aún por las deudas que han contraído para el viaje.
Es imperativo que sus derechos sean restituidos para lo cual es necesario que los programas de atención y las políticas de estado estén dirigidas a asistir a cabalidad a las sobrevivientes sin ningún otro requerimiento que el haber sido victimizadas por las redes criminales. Estas instituciones que no son de los órganos de persecución y juzgamiento deben trabajar de la mano con los mismos a fin lograr un real y efectivo cumplimiento de las normas restituyendo a las sobrevivientes sus derechos tan largamente conculcados.