El delito de Trata de Personas constituye a nivel mundial una de las peores violaciones de Derechos Humanos, toda vez que reduce a las personas a la condición de mercancía, cosificándolas, convirtiéndose así en una de las actividades ilícitas más rentables a nivel mundial, sólo superada por el tráfico ilícito de Drogas y el tráfico de armas, ello por las ingentes ganancias que captan los tratantes, debido a que el mantenimiento de dicha actividad lucrativa involucra poca inversión, dado los métodos utilizados para reclutar a sus víctimas y explotarlas, y las condiciones infrahumanas en las que, en la mayoría de los casos se les obliga a “vivir” a sus víctimas.
Este delito traspasa fronteras y se presenta bajo diferentes modalidades, lo cual hace compleja la forma de enfrentarlo, tiene como principales víctimas a los niños, niñas y adolescentes y las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente aquellas de escasos recursos económicos, por lo que al advertir la tendencia al incremento de dicho accionar delictivo, resulta indispensable identificar los problemas centrales en la lucha contra la Trata de Personas a nivel normativo, operativo y de asistencia y protección a favor de sus víctimas, para así establecer acciones concretas que contribuyan con su progresiva pero efectiva erradicación.
Respecto al Perú, debemos señalar que somos lamentablemente un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en sus diversas formas y modalidades, habiéndose identificado como un porcentaje mayoritario de las víctimas de la trata a menores de edad y mujeres muy jóvenes. Se genera este fenómeno por diversos factores multicausales que van desde la implicancia de aspectos negativos vinculados a la desprotección y disfuncionalidad familiar, violencia en una sociedad marcadamente machista como en muchos países de la región, el abuso de poder, falta de oportunidades y de acceso a una vida digna por carencia de medios educacionales, laborales o de mejora social y económica, entre otros.
Bajo este panorama, resulta sumamente complejo para los operadores del sistema de justicia enfrentar bajo las características de un delito sumamente grave previsto y sancionado en nuestro código penal, lo que en realidad, constituye un fenómeno delictual tanto por ser asumido por tratantes y explotadores como un negocio muy lucrativo en base a la "cosificación de seres humanos" como por el propio perfil de sus víctimas, quienes atraviesan una seria problemática y carencias de índole social y familiar, sometidas a degradación humana. Dato importante a tomar en cuenta es que así como las víctimas en el Perú son mayoritariamente niños, niñas y adolescentes mujeres, también lo es que cada vez más se está incrementando el número identificado de tratantes que corresponden al género femenino; muchas de estas mujeres fueron en su momento víctimas a las cuales el Estado ni el sistema de justicia, pudieron extender su apoyo y atención oportuna ni eficazmente.
El Ministerio Público del Perú como titular de la acción penal no es ajeno a esta grave realidad y desde hace varios años, viene adoptando acciones para frenar el avance de este delito y sobre todo para de modo adecuado y con enfoque humanitario, asistir y proteger a sus víctimas. Así, siguiendo las políticas públicas que se desprenden de la Ley N° 28950 - Ley contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes-, la Política Criminal contra la trata de personas, el Plan Nacional de Acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la propia Constitución Política del Estado que estipula como un principio fundamental, la primacía del respeto a la dignidad del ser humano, el Ministerio Público peruano enfrenta este delito a través de acciones de prevención, de persecución del delito y de asistencia y protección a las víctimas; incluso, se ha hecho cargo a través de su Programa de Protección y Asistencia a víctimas y testigos de brindarles una atención integral que involucra asistencia psicológica, legal y social así como la promoción del otorgamiento a su favor de las medidas de protección que el caso amerite.
Igualmente, en actuación articulada con otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, el Ministerio Público ha realizado un trabajo de afianzamiento de un cuarto eje de suma importancia: la reintegración social de las víctimas de la trata que es en suma, el conjunto de esfuerzos y acciones destinados a la restitución plena de los derechos de las víctimas .
En efecto, en el marco del mandato constitucional y legal, el Ministerio Público del Perú ha procurado cumplir con dicha misión, buscando identificar y minimizar las causas de su comisión, ello en cumplimiento de nuestra política institucional de “persecución estratégica del delito” (prevención), asimismo, se vienen realizando acciones que buscan enfrentar al delito de Trata de personas desde su investigación proactiva y el requerimiento de la sanción penal respectiva (persecución), constituyendo uno de los principales avances la creación del Proyecto de Fortalecimiento de la Función Fiscal frente a la trata de personas y cuyos objetivos trazados se están cumpliendo progresivamente. Tal es el caso de la creación del Subsistema Fiscal Especializado en Delitos de Trata de Personas con su respectiva Coordinación Nacional, la implementación del Proyecto de interconexión de los registros estadísticos y base de datos de los casos de trata a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, ello sin dejar de lado a quien constituye la preocupación principal en medio de este fenómeno delictivo que es la víctima de la trata, a quien se le aplica el Protocolo de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Este Protocolo es otro logro importante que ha sido impulsado por el Ministerio Público del Perú, el cual tiene como finalidad establecer criterios comunes y una ruta única de actuación para afrontar de manera más proactiva los casos de trata de personas, fijando las pautas necesarias tanto para los actores del Ministerio Público como para los demás intervinientes del sistema de justicia (actuación interinstitucional), que haga posible la efectiva atención y protección a favor de las víctimas de trata.
Por citar algunas estadísticas relevantes, durante el periodo enero 2011 hasta marzo 2016 el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público atendió a 1,278 usuarios (1,164 víctimas y 114 testigos) derivados por el delito de Trata de Personas, en su mayoría mujeres (966 mujeres y 312 varones) y menores de edad (710 menores de edad y 568 mayores de edad), siendo que por las características de este delito se viene enfatizando las asistencias en vía de reciprocidad, pues la víctima no puede dejar de ser asistida por el Programa sin importar el lugar donde esté, además se coordina su derivación y referencia a circuitos de asistencia y redes de apoyo, con la finalidad de que se les brinde patrocinio legal, albergue, atención médica, provisión de servicios, educación a través de actividades formativas, ofrecimiento de colocación laboral, entre otros.
Aunado a esta labor y con el objetivo de unificar esfuerzos interinstitucionales, el Ministerio Público ha suscrito 11 convenios de cooperación interinstitucional y recibe el apoyo de diversas entidades públicas y privadas así como de la sociedad civil (Inter Iuris, Save the Children, Terre des Hommes, Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, Organización Internacional del Trabajo -OIT-, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ONG CHS Capital Social y Humano Alternativo, entre otros), a efectos de desarrollar acciones conjuntas y homogéneas en favor de las víctimas de trata, con especial atención en el enfoque de derechos, género, interculturalidad y prevalencia del Principio Superior del Niño en el tratamiento de las víctimas más vulnerables: mujeres muy jóvenes y menores de edad.
Orientados a la asistencia integral y efectiva protección de la víctima más vulnerable, la Fiscalía peruana también ha promovido la implementación de salas de acogida en todo el país, habiéndose implementado a la actualidad 8 salas de acogida ubicadas en los Distritos Fiscales de Madre de Dios, Loreto (2 salas - Maynas y Nauta), Puno, Moquegua, Arequipa, Junín y Apurímac, encontrándose en pleno proceso de implementación la primera casa de acogida en el Perú, que funcionará en la ciudad de Lima y en la cual se dará un especial énfasis a la atención de las víctimas más vulnerables, como lo son las víctimas de la trata de personas.
Es preciso indicar que las salas de acogida implementadas por el Ministerio Público se emplean como un lugar transitorio de asistencia, soporte inmediato y especializado para las víctimas en especial grado de vulnerabilidad y riesgo, cuando deban esperarse breves horas para el inicio de las pericias médico legales y otros actos iniciales de investigación que hayan dispuesto los despachos fiscales, o cuando por una situación de inmediatez se requiera un lugar físico apropiado donde permanecer hasta que se defina su situación (se determine al albergue al que irá).
Es así que, con el fin de contribuir a mejorar la respuesta del Estado frente a este delito, brindando un mejor servicio a la ciudadanía y en especial a las víctimas, el Ministerio Público del Perú seguirá fomentando mejorar su acceso a los servicios de Justicia para que reciban la asistencia y protección que requieran, así como promover la articulación estatal mediante convenios interinstitucionales que refuercen la persecución de este delito, la capacitación y sensibilización permanente de los operadores de justicia, y la elaboración de protocolos especializados para abordar adecuadamente a la víctima de la trata; realizando todos los esfuerzos necesarios para concientizar a la sociedad peruana sobre la naturaleza, alcance y gravedad de este delito y estableciendo todas aquellas acciones y mecanismos que permita a los ciudadanos identificar concretas y potenciales situaciones de riesgo, evitando así ser presa fácil de organizaciones o grupos de personas que se dedican a esta ruin actividad delictiva.
En la Fiscalía peruana proseguirá con mayor compromiso la labor a favor no sólo del rescate y atención de las víctimas de la trata, sino especialmente para contribuir decididamente a la plena restitución de sus derechos y su dignificación, impulsados en el ejemplo y exhortación que nos ha dirigido el Santo Papa Francisco con acciones y palabras firmes de fe, fortaleza y bondad en la Cumbre celebrada en el Vaticano este 3 y 4 de junio del 2016.