Buenas días a todos:
Para mí es un honor haber sido invitado a la Cumbre de los Jueces, dentro del ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias y Ciencias Sociales, a quienes agradezco profundamente haber llevado adelante la organización de estas importantes jornadas. Agradezco especialmente a Monseñor Sánchez Sorondo y a Gustavo Vera de la ONG La Alameda y por supuesto mi gratitud al Santo Padre el Papa Francisco.
En mi caso personal ejerzo la magistratura en el Juzgado Federal de Rafaela (Prov. de Santa Fe – República Argentina). Por dicha ciudad pasa una de las rutas de mayor tránsito de Argentina, como lo es la ruta nacional 34 que atraviesa el país desde Salta al norte, hasta la ciudad de Rosario en el centro, cubriendo una distancia aproximada de 1300 km.
Por la mencionada ruta circula un importante tráfico de cocaína que desciende desde Yacuiba (República de Bolivia) e ingresa por Salvador Mazza en la provincia de Salta (República Argentina); como así también existe otro importante paso fronterizo por donde ingresa abundante material estupefaciente y de personas ilegales en muchos casos víctimas del delito de Trata, que es el de Villazón (República de Bolivia) y La Quiaca (República Argentina) a través de la ruta nacional 9.
Comenzamos a tener numerosos procedimientos efectuados por Gendarmería Nacional que detenían bus de pasajeros procedentes del norte del país, y que luego de un control de equipaje detectaban la existencia de abundante cantidad de cocaína dentro de las valijas. En muchos casos se pudo determinar a los responsables de transportar la droga y en otros no hubo tal suerte porque no se pudo identificar al poseedor del estupefaciente. En la mayoría de los procedimientos nos encontramos con la situación de gente muy joven y humilde que hacen las veces de “mulas” a los cuales se les paga una escasa suma de dinero para que trasladen la droga desde el norte del país hasta los centros urbanos más populosos como pueden ser las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santa Fe.
Creo que ante esta situación tan alarmante, que se replica en casi todos los países de Sudamérica, el planteo que nos debe llevar a recapacitar es el altísimo grado de corrupción que existe en los distintos niveles de la cadena de tráfico, comenzando por las fuerzas policiales, ya sean nacionales que se encuentran en la zona de frontera; o en su caso provinciales; y a la vez advertimos que existe una inoperancia por falta de elementos de control tales como: scanners para el chequeo de equipaje, mayor presencia de las fuerzas policiales en las terminales aéreas y de ómnibus, la instalación de radares para detectar la numerosa cantidad de aviones que aterrizan en pistas clandestinas, etc.
Otra situación se planteó con dos casos que voy a relatar en materia de Trata de Personas. Uno de ellos fue una menor boliviana que se había escapado de un taller textil clandestino de la provincia de Buenos Aires donde era obligada a trabajar en condiciones de esclavitud. Ante un descuido de una mujer mayor quien era la que la había ingresado ilegalmente a la República Argentina desde la República de Bolivia, pudo con la ayuda de otra mujer subirse a un bus con destino a Jujuy y de allí pretendía regresar a su lugar de origen en la localidad de Villazón (Bolivia). El Escuadrón Vial de Gendarmería Nacional con asiento en la ruta 34 en jurisdicción de Rafaela, detuvo ocasionalmente el transporte en que se trasladaba la menor y ante un pedido de documentación, la menor contó su travesía. A esta menor se le tomó declaración en cámara gesell y luego en forma urgente se le dio intervención a la Comisión de Trata de Personas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El otro caso fue el de una mujer mayor embarazada de nacionalidad boliviana, que residía en la provincia de Buenos Aires y trasladaba ilegalmente a una menor boliviana simulando ser su hija, para luego entregarla aparentemente en un taller textil clandestino en dicha localidad, o en su caso prostituirla.
Estos casos de Trata de Personas, sin duda que también se llevan a cabo con la complicidad de autoridades policiales, migratorias, de las fuerzas de seguridad ubicadas en los pasos de frontera de ambos países y advertimos la responsabilidad que les cabe a la autoridades, la cuales deben brindar respuestas efectivas a estos verdaderos flagelos como lo son el narcotráfico y la trata de personas.
Es por ello que ante la situación de alarma social que en estos años transcurridos del siglo XXI estamos viviendo, y considerando que estos tipos de delitos de crimen organizado nos invaden y se transmiten como una verdadera pandemia; es que debemos tomar conciencia de la grave problemática que nos aqueja y asumir las responsabilidades que como Magistrados nos corresponden; exhortando a los poderes políticos de cada Estado a que refuercen las medidas de control de los pasos fronterizos y erradiquen la cadena de corrupción existente, como asimismo se disponga a través de los organismos correspondientes, la realización de positivas tareas de inteligencia que tengan por finalidad la desarticulación de los cárteles de la droga y de las organizaciones de Trata de Personas.
Por otra parte creo, que no obstante haber pasado algunos años desde la suscripción del Protocolo de Palermo (Italia) y plasmado luego en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cobran hoy plena vigencia las palabras de quien fuera Secretario General de ONU Kofi A. Annan, cuando expresaba: “La Declaración del Milenio, aprobada por los Jefes de Estado reunidos en las Naciones Unidas en septiembre de 2000, reafirmó los principios en que nos inspiramos y ha de servir para alentar a todos los que luchan en pro del imperio de la ley”. En la Declaración se afirma que “los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. En la Cumbre del Milenio los dirigentes de todo el mundo proclamaron que la liberación del temor y de la miseria era uno de los valores esenciales del siglo XXI. No obstante, en todo el mundo hay millones de personas a quienes todavía se niega el derecho a vivir con dignidad y liberados del temor y de la miseria. Se niega ese derecho al niño que trabaja bajo contrato de cumplimiento forzoso, sometido a explotación, al padre que tiene que dar soborno para conseguir atención médica para su hijo o hija, a la mujer condenada a una vida de prostitución forzosa. Considero que la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, para someterlos a trabajos forzosos y a la explotación, incluida la explotación sexual, es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos a que hacen frente las Naciones Unidas en la actualidad”.
Por ello considero que hoy tienen plena actualidad los principios y normas sancionadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y son los Estados Parte los que tienen que dar respuestas urgentes, con la finalidad de poner en práctica los compromisos asumidos.
Al respecto creo que la República Argentina ha dado muestras de ello, cumplimentando a través de su legislación interna, lo vinculado con la materia de prevención, investigación y enjuiciamiento de los responsables del delito de Trata de Personas, toda vez que luego de sancionarse la ley 26.364 sobre dicha temática, se incorporaron las normas correspondientes en el Código Penal Argentino. Asimismo se legisló lo vinculado al régimen de medidas destinadas a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de Trata y el deber del Estado Argentino de proporcionarles apoyo médico, psicológico, como así también el de suministrarles asesoramiento, educación, capacitación y alojamiento.
Pero resta aún la realización por parte de los poderes políticos del Estado Argentino de un verdadero debate a los fines de concretar medidas urgentes tendientes a detener el avance y aumento exponencial del Narcotráfico y la Trata de Personas.
A mi entender la problemática del crimen organizado requiere ir más allá de una visión pragmática y reduccionista del tema. Debemos ir a las raíces más profundas de este flagelo. Analizar las causas y los efectos que produce en la población; detenernos y evaluar -como lo estamos haciendo en esta Cumbre- qué podemos hacer desde nuestra función para mejorar la situación de las víctimas del crimen organizado; como asimismo analizar las medidas que resulten más operativas y efectivas para frenar el avance de los cárteles de la droga y de las organizaciones delictivas de Trata de Personas.
Observar de una manera especial a los adictos de estupefacientes y brindarles las herramientas pertinentes para que puedan llevar adelante tratamientos de recuperación y desintoxicación y a la vez trabajar desde el Poder Judicial en forma coordinada con los municipios para conocer la situación social de los barrios y distritos que forman las distintas ciudades, a los efectos de llevar adelante tareas de prevención e investigación por intermedio de las fuerzas de seguridad.
En definitiva estamos hablando de propender a la defensa de la persona, de la dignidad humana. Por ello encuentro aplicable a la situación actual, parte de las conclusiones de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe realizada en Aparecida (Brasil) en el año 2007, cuando se expresa que: “Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña”.
Creo que en materia de prevención e investigación de los delitos de crimen organizado, existe una deuda pendiente por parte de los Estados, especialmente los que no contamos con una policía judicial nacional que lleve adelante las investigaciones bajo la órbita de los magistrados. Por ello propongo que en forma urgente se cree dicha fuerza de seguridad, la cual podrá actuar en forma coordinada –en el caso de la República Argentina- con otras fuerzas nacionales, como puede ser Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, etc.
- Asimismo se necesita imperiosamente la radarización del espacio aéreo argentino para detectar las pistas clandestinas de aterrizaje en materia de narcotráfico.
- Extremar los controles en los pasos de frontera, especialmente en el límite con la República de Bolivia y de Paraguay, donde ingresa a la Argentina un importante volumen de estupefacientes, como así también el ingreso ilegal de personas víctimas del delito de Trata.
- Creación y puesta en funcionamiento de mayor cantidad de Juzgados Federales y Fiscalías Federales especializados en la materia de Narcotráfico y Trata de Personas, bajo cuya órbita actuará la Policía Judicial.
- El cumplimiento de Protocolos de actuación que se adapten a las realidades de los distintos países, a los fines de optimizar el éxito de las investigaciones; abreviando los plazos en materia de realización de pericias informáticas, para lo cual es fundamental contar con personal técnico especializado.
- Asistencia judicial recíproca entre los Estados Parte que conforman cada región, a los fines de intercambiar información sensible vinculada a la prevención e investigación del crimen organizado.
Por todo lo expuesto es que estoy convencido que hoy es el momento de los magistrados; somos nosotros quienes debemos dar una respuesta más eficaz a la problemática que venimos hablando en esta Cumbre, y tomar la férrea decisión de actuar a través de los canales legítimos que contamos para dar una respuesta efectiva a la sociedad. No debemos olvidar que la Justicia es un servicio que debemos brindar a la comunidad y en el verdadero ejercicio de la magistratura, está puesta la esperanza de los pueblos para que podamos vivir en una sociedad más justa y más libre.
Por último hago una breve mención a lo que para mí encierra el mensaje de la Carta Encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ y está condensado en el llamado personal de Su Santidad cuando dice: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común”.
Por ello creo, que sobre este mensaje del Papa Francisco lleno de esperanza y luminosidad, debemos recostarnos todos los que de alguna manera tenemos la inmensa responsabilidad de impartir justicia, ya seamos católicos o pertenecientes a otras religiones. En nosotros está el querer cambiar el statu quo en que vivimos. Deberíamos ser verdaderos artífices en este mundo globalizado para intentar lograr los cambios que nuestro planeta Tierra, es decir nuestra casa común requiere y así poder afirmar que ella merezca ser habitada por nosotros los hombres y mujeres de la civilización del siglo XXI.