Declaración de Roma
Los abajo firmantes, participantes de la Primera Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana declaramos:
Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observamos un pronunciado proceso mundial de dualización social que conlleva injusticia estructural y violencia. Minorías cada vez más pequeñas concentran en forma inédita la riqueza del planeta, disminuyendo el bienestar y la dignidad de millones de seres humanos.
En forma paralela, advertimos que el actual sistema económico mundial poco o nada hace para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando de esta forma a una degradación integral de la existencia humana.
La palabra y el ejemplo de Francisco nos interpelan sustantivamente y promueven en nosotros, independientemente de nuestra creencia religiosa personal, replanteos y abordajes críticos de nuestra misión judicial.
La actual situación de la humanidad, exige de quienes tenemos la enorme responsabilidad de controlar judicialmente el cumplimiento de los derechos humanos, una postura firme y valiente que limite el avance de las prácticas destructivas y degradantes del ser humano y del planeta.
Consideramos indispensable que los Estados asuman la operatividad incondicional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que a los fines de su estricto cumplimiento modifiquen sus políticas presupuestarias logrando ecuaciones más equitativas y justas.
Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son compromisos específicos y con plazos de nuestra generación para cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos relacionados con los derechos humanos.
Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir
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Declaración de Roma
Los abajo firmantes, participantes de la Primera Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana declaramos:
Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observamos un pronunciado proceso mundial de dualización social que conlleva injusticia estructural y violencia. Minorías cada vez más pequeñas concentran en forma inédita la riqueza del planeta, disminuyendo el bienestar y la dignidad de millones de seres humanos.
En forma paralela, advertimos que el actual sistema económico mundial poco o nada hace para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando de esta forma a una degradación integral de la existencia humana.
La palabra y el ejemplo de Francisco nos interpelan sustantivamente y promueven en nosotros, independientemente de nuestra creencia religiosa personal, replanteos y abordajes críticos de nuestra misión judicial.
La actual situación de la humanidad, exige de quienes tenemos la enorme responsabilidad de controlar judicialmente el cumplimiento de los derechos humanos, una postura firme y valiente que limite el avance de las prácticas destructivas y degradantes del ser humano y del planeta.
Consideramos indispensable que los Estados asuman la operatividad incondicional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que a los fines de su estricto cumplimiento modifiquen sus políticas presupuestarias logrando ecuaciones más equitativas y justas.
Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son compromisos específicos y con plazos de nuestra generación para cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos relacionados con los derechos humanos.
Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y para las generaciones venideras.
Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en procesos político sociales en los que se profundice el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente.
Alertamos sobre el uso que en la actualidad se pueda hacer del poder judicial para modificar escenarios políticos y económicos en contra de los Derechos Humanos, desnaturalizando las funciones judiciales y destruyendo la democracia.
Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados, cuando actúan para presionar a los poderes públicos, en detrimento de los Derechos Humanos, pierden su esencia y hacen peligrar la institucionalidad, al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad.
En este contexto de crisis planetaria, hacemos un llamamiento a todos nuestros colegas jueces de las Américas para asumir el rol que la hora nos exige, coordinando esfuerzos, diseñando estrategias y fundamentalmente ratificando en forma cotidiana nuestro compromiso por la dignidad humana y la paz global, como también para la realización de los derechos humanos en todas las dimensiones.
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