Inicialmente, agradezco la invitación de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y del Comité de Jueces y Juezas Panamericanos para participar de este cautivador y oportuno evento.
De hecho, como dijo ayer la Jueza María Julia Figueredo, después de participar de estas discusiones, uno es tomado de ganas por ser mejor; por tornarse un juez mejor; una persona mejor. Pero, también se ha dicho, no bastan las buenas intenciones. Hay que pasar a la acción concreta e inmediata.
Y aquí vale la pena tener en cuenta la advertencia del Juez Zaffaroni, cuanto a la discusión sobre descolonización: cómo hacerlo, si somos parte, en grande medida, de una estructura típicamente neo (o tardo) colonialista?
Bueno, reconocerlo es sin duda un avance. Pero no esperemos que el cambio se produzca sin fracturas ni reacciones. Estamos en una situación comparable a la que describe Platón en el mito de la caverna. Y todos sabemos lo que pasó a los que tuvieron la osadía de salir al lado de fuera y regresar para decir a los demás que lo que miraban no era la realidad...
Así, sueña extremamente importante la idea planteada por Zaffaroni, de crear un observatorio que propicie la movilización para la pronta defensa de juezas y jueces contra abusos de sus superiores, y otros actos de intimidación interna o externa.
Pero, si miramos hacia fuera de la caverna de los privilegios y sinecuras del poder judicial neocolonialista, que vemos? Vemos una sociedad que no se reconoce en sus jueces y juezas – que, por su vez, no conocen la realidad que van juzgar.
Ejemplifico, con datos de la realidad de mi país, que conozco mejor, pero creo no se distancie mucho de la realidad de otros países de nuestra región: Brasil tiene la segunda mayor populación negra del planeta (56,1% – cerca de 120 millones de personas). Esta proporción es aún mayor en la cárcel (67,5% – o dos en cada tres presos).
Entre los trabajadores rescatados de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, la mayoría son negros. Casi todos (92,6%) también fueron víctimas del trabajo infantil.
Los trabajadores negros reciben en promedio sueldos 30% menores que los trabajadores blancos. De las trabajadoras en hogares ajenos, 92% son mujeres, y 65% negras. Además, las trabajadoras negras sufren los efectos de la interseccionalidad. A las mujeres negras se las paga menos que a las mujeres blancas y a los hombres negros. Más de la mitad de las madres son echadas de sus empleos antes de que sus niños cumplan 2 años de edad.
En Brasil, una mujer es víctima de feminicidio (asesinato por su condición de mujer), cada 6 horas. Por 14 años consecutivos, somos el país con el mayor número de asesinatos de personas trans en el mundo. Las agresiones contra la población LGBTIQAP+ ultrapasan a las 1.700 al año, y siguen subiendo.
Y quienes son las juezas y jueces a quien toca juzgar los casos de violencia física, social y laboral contra estas personas, asegurando sus derechos?
Según datos del Consejo Nacional de Justicia del año 2022, de los 18.000 jueces y juezas brasileños, 38% son mujeres, 18,1% son negros y solo 13 son indígenas. Su grande mayoría viene de las clases sociales elitistas.
O sea, es imposible para la sociedad reconocerse en un poder judicial, machista, patriarcal, blanco y elista. Lo peor: los criterios de reclutamiento, mismo cuando más desarrollados en algunos países que adoptan el sistema democrático del concurso público para ingreso, siguen favoreciendo candidatas y candidatos con un perfil elitista, que se pueden dar el lujo de permanecer sin trabajar por tres o cuatro años, en cuanto estudian para los exámenes – o sea, que pertenecen a un grupo social claramente definido y privilegiado.
Es urgente, por tanto, que se introduzcan cambios en el sistema de reclutamiento de juezas y jueces, a fines de ampliar las oportunidades de ingreso de personas originarias de los diversos segmentos de la sociedad, especialmente los más discriminados e invisibilizados.
En tal contexto, se propone:
1) acciones afirmativas, como las políticas de cupos, cumplen un rol fundamental en la solución del problema.
Una iniciativa importante, que merece destaque, viene de la asociación de jueces y juezas laborales de Brasil, que ha instituido un curso preparatorio para el concurso de admisión a la magistratura exclusivamente para personas negras, con recursos económicos escasos, preferencialmente mujeres.
Los jueces y juezas que ministran las clases en el curso “enegrecendo a toga”, lo hacen gratuitamente.
Otro avance importante ha sido consagrado por el Consejo Nacional de Justicia, al introducir la obligación de paridad de género en la composición de los jurados examinadores y paneles responsables por los concursos para ingreso en la magistratura.
2) Además de ampliar la diversidad en los cuadros de la magistratura, es impositivo brindar formación permanente y de calidad en cuestiones de género y raza a los jueces y juezas que ya ejercen la profesión. Por formación de calidad se entiende no solo una formación técnicamente adecuada, pero también actividades in situ (hands on training), que valoricen los múltiplos saberes de distintos grupos sociales y contribuyan al desarrollo de una actitud de empatía para con los jurisdiccionados.
En este sentido, el trabajo de las escuelas judiciales es fundamental. La frecuencia a estos cursos debe tener carácter compulsorio, una vez que se relaciona con dos de los ejes centrales de la formación profesional de jueces y juezas: la dignidad humana y la dimensión ética (hoy aquí referida por el Juez Octavio Tejeiro Duque). Esta obligación debe alcanzar la magistratura en todos sus niveles (jueces de primer y segundo grados, y de los tribunales superiores).
3) Cuanto a estos últimos (los tribunales superiores), aún en el marco ético, sus miembros deben estar obligados a dar el ejemplo, rechazando beneficios, regalos y participación en eventos no oficiales (incluso viajes, simposios y fiestas), especialmente aquellos patrocinados por empresas o personas cuyos intereses puedan caracterizar conflicto de intereses con el ejercicio de la función jurisdiccional.
4) Por fin, es indispensable la introducción de políticas generales en los órganos del poder judicial que favorezcan la diversidad y combatan la discriminación. Grupos de trabajo y comités con la participación de jueces y juezas, así como de funcionarios(as) y empleados(as) del poder judicial deben ser estimulados a contribuir en la formulación de estas políticas, así como en su monitoreo, incluso con el desarrollo de canales de denuncia e investigación de actos de discriminación y acoso, moral o sexual.
Como advierte el Papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti (y lo ha recordado el Profesor Boaventura de Souza Santos), no es posible admitir la existencia de una humanidad fraccionada, divida entre humanos y sub humanos.
No se puede aceptar que un grupo privilegiado de personas siga comportándose como si tuviera el derecho a todas las ventajas, a todos los goces, en cuanto a los demás (los desechables) les toca apenas servirles y concretizar estos privilegios.
Si somos todos hermanos, necesitamos reconocer en el otro la misma esencia humana, diversa y única al mismo tiempo, y especialmente el mismo derecho a una existencia digna y a la búsqueda de la felicidad.
En cuanto a nosotros, los jueces y juezas, nos toca empezar esta transformación, urgentemente, por el (re)conocimiento de nuestros jurisdiccionados y jurisdiccionadas.
Muchas gracias.
[*] Presidente del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil. LLM International Human Rights Law, University of Essex, UK. Ex-Miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo.